Campo colombiano

El sector agropecuario no solo es fundamental para la estabilidad económica y social del país, sino para el bienestar alimentario de todo el planeta.

De acuerdo con la clasificación que se realiza en el Informe de la Misión para la Transformación del Campo (DANE, 2015), cerca del 60% de los municipios de Colombia son rurales y su población representa un poco más del 30% de la
totalidad la nación. Considerando este hecho, la mirada sobre el campo es prioritaria, máxime considerando además un enfoque de seguridad y soberanía alimentaria para el país y la región.

Según Naciones Unidas (ONU), para el año 2050 se espera que la población global alcance los 9,15 billones. Para satisfacer la demanda, se requerirá una producción general aproximada de 455 millones de toneladas de carne para
consumo y garantizar, en promedio, 100 litros de leche de vaca por persona al año.

Asimismo, se espera un incremento importante en la caña de azúcar y cultivos oleaginosos, principalmente para suplir la creciente demanda de combustibles alternativos.

La principal demanda será de los países desarrollados. Por ejemplo, Japón, Rusia y Europa Oriental son un mercado interesante puesto que la demanda alimentaria es muy alta pero su capacidad de producción, insuficiente.

Considerando este panorama, Colombia enfrenta retos agropecuarios importantes si pretende ejercer un papel protagónico en la seguridad alimentaria mundial.

Colombia, ¿una despensa mundial de alimentos?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia es uno de los pocos países con gran potencial para expandir su agricultura sin afectar las áreas que aseguran el suministro de
servicios naturales. Entre 223 países en donde se evaluó en número de héctareas disponibles para una expansión agrícola sostenible, Colombia ocupó el puesto 22.

Por otro lado, es el tercer país con mayores recursos hídricos y diversidad climática. Estas condiciones facilitan el desarrollo de sistemas productivos más continuos –producción durante todo el año– con una generación más efectiva de biomasa (productos obtenidos por fotosíntesis, susceptibles de ser transformados en combustible).

Asimismo, la industria agropecuaria también es un importante generador de empleo. En el 2013, según el DANE, 3,5 millones de personas trabajaron en el sector, lo que representa el 16,9% de la población ocupada del país. El campo es tercer sector que mayor oferta laboral ofrece, después del comercial y del de servicios comunales.

Un camino por recorrer

A pesar de las buenas condiciones geográficas y agrológicas, uno de los principales obstáculos que han impedido un mejor posicionamiento a nivel productivo y comercial, es el rendimiento de los cultivos. Según el 3er Censo
Nacional Agropecuario (2014), “los productores del 15,9 % de las Unidades de Producción Agropecuaria declararon tener maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias, mientras que el 84,1 % de ellos declaró no tenerla.”

Aunque se han desarrollado alternativas de producción sin agroindustrialización, para Luis Arango Nieto, exviceministro de Agricultura, que el sector agropecuaria no este mecanizado es una importante desventaja competitiva,
incluso frente a otros a países latinoamericanos como Brazil y México. Colombia ocupa el puesto número 7 en la región.

Según Portafolio, “la falta de infraestructura, los obstáculos para la comercialización, la falta de asistencia, el deficiente acceso a los mercados internacionales y las limitaciones en materia de financiación de las actividades
agropecuarias” son otras de las problemáticas que han impedido el crecimiento de esta industria en Colombia.

Aunque el Estado ha propuesto iniciativas como la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), los procesos de actualización del ordenamiento territorial y la reactivación de la asistencia técnica, entre otros, el desarrollo del campo se encuentra estancado.

Según el Ministerio de Agricultura, mientras que entre los años 2000 y 2007 el sector agropecuario presentó crecimientos anuales entre1,8% y 4.7%, en 2016 este fue solo del 0,5%, el más bajo de los últimos 5 años.

Proyecciones y posconflicto

El fenómeno del Niño, la subida del dólar, el paro camionero y la incertidumbre por el impacto de la reforma tributaria fueron algunos de los factores que incidieron en los resultados de los indicadores económicos y de calidad de vida de 2016.

A pesar de la reducción en el presupuesto que tuvo el sector agropecuario este año, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, espera un crecimiento del 2.5%, un récord en comparación con los últimos 52 años.

Un clima más benévolo, los acuerdos de paz, la implementación de la Ley Zidres, el aumento de la demanda (gracias al crecimiento económico) y el efecto de los programas iniciados el año pasado, son el trampolín de progreso en 2017, según Iragorri.

Con respecto a estas proyecciones, hay conceso entre el Gobierno y algunos gremios como la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce) y Federación Nacional de Cafeteros.

En cuanto a la producción pecuaria, los ganaderos agremiados en Fedegán y Analac son menos optimistas. Aseguran que las condiciones actuales no son suficientes para recuperar la producción de carne y leche, escenario que se
complejiza considerando los recientes brotes de fiebre aftosa que tienen en jaque al sector.

De acuerdo con el informe de la Misión para la Transformación del Campo (DANE, 2015), hay 3 principios básicos que deben orientar las políticas de desarrollo rural:

● La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada, las ventajas de la asociatividad y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo.

●  La concepción del desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social como productiva, de todos los habitantes rurales, evitando el asistencialismo y considerando a los habitantes rurales como agentes de desarrollo productivo y como sujetos de derechos.

● La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado en la provisión adecuada de servicios y bienes públicos que faciliten el desarrollo de actividades tanto agropecuarias como no agropecuarias.

Por su parte, los empresarios agropecuarios insisten en la importancia de que el país pague su deuda social con el campo. Para lograrlo, consideran necesario tener condiciones diferenciales entre el sector rural y el urbano, tanto en aspectos laborales y tributarios, como de inversión, educación, salud y seguridad social.

Este último aspecto es fundamental teniendo en cuenta que el Gobierno planea convertir al sector agropecuario en uno de los motores de la economía del posconflicto.

No es un secreto que más de 50 años de guerra han ahuyentado a los agricultores y a potenciales inversionistas, por lo que el acuerdo de paz con las FARC, sumado a otras estrategias de orden público y a la presencia estatal, tendrá un impacto en la reactivación del campo.

Si Colombia toma ventaja de sus privilegios naturales y logra desarrollar el sector agropecuario de manera multiescalar (pequeñas, medianas y grandes empresas) y competitiva, el número de trabajadores en el sector aumentará
considerablemente, lo que para la consolidación de territorios de paz es una oportunidad de oro.

El proceso de reintegración a la vida civil de los ex combatientes, así como las oportunidades devolver al campo para las víctimas, son procesos que fortalecen el desarrollo rural.

El objetivo deber ser que todos las personas que hacen parte de la vida en el campo y sus dinámicas puedan vivir en paz y trabajar en condiciones competitivas. De esta forma no solo se saldaría, en parte, la deuda con el sector
rural sino que se evitarían nuevos brotes de violencia a futuro.